Un informe de la UCA revela un deterioro de las condiciones de vida de las personas mayores en Argentina. El 46% de los hogares con integrantes de 60 años o más tiene ingresos insuficientes y el 35,2% debió postergar atención médica o la compra de medicamentos por razones económicas. En los sectores más vulnerables, siete de cada diez hogares no logran cubrir sus necesidades.
Las condiciones económicas y sociales de las personas mayores se deterioraron durante los últimos dos años en Argentina. La insuficiencia de ingresos alcanzó al 46% de los hogares con personas de 60 años o más durante 2024-2025. Es el nivel más alto registrado desde 2017.
El dato surge del informe “Vivir y envejecer en contextos de desigualdad”, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA). El estudio analiza la evolución de la subsistencia económica, el hábitat, la salud y el bienestar subjetivo de la población mayor.
El deterioro alcanza diferentes dimensiones. Aumentaron las dificultades para comprar alimentos, pagar servicios públicos y acceder a medicamentos. También crecieron el malestar psicológico y las carencias habitacionales.
El 46% de los hogares tiene ingresos insuficientes
La insuficiencia de ingresos pasó del 41% en 2022-2023 al 46% en 2024-2025, un incremento de cinco puntos porcentuales.
Las diferencias sociales son marcadas. En el estrato socioeconómico muy bajo, el indicador llega al 71,1% de los hogares. Esto significa que más de siete de cada diez no disponen de ingresos suficientes.
En los estratos bajos, la proporción alcanza al 55,2%.
El informe también muestra un incremento de la inseguridad alimentaria. El indicador llegó al 18,4% durante 2024-2025, mientras que entre las personas mayores del estrato socioeconómico muy bajo alcanza al 39,1%.
En el sector medio alto, en cambio, afecta al 1,1%. La diferencia implica que el riesgo de inseguridad alimentaria entre las personas mayores más vulnerables es más de 35 veces superior.
Crecen las dificultades para pagar servicios
La pérdida de capacidad económica también se refleja en los servicios públicos.
El 21,3% de los hogares con personas mayores dejó de pagar algún servicio por razones económicas durante el período analizado. Entre los sectores socioeconómicos más vulnerables, el porcentaje asciende al 39,4%.
Al mismo tiempo, la asistencia estatal no alcanza a todos los hogares afectados.
Entre los hogares del estrato muy bajo que presentan insuficiencia de ingresos, solamente el 42,4% recibe algún programa de transferencia o asistencia alimentaria.
La cobertura general de este tipo de programas también disminuyó. Pasó del 30,6% durante la pandemia al 26,8% en 2024-2025.
El 35,2% resignó atención médica o medicamentos
La salud aparece como una de las dimensiones con mayor deterioro.
El 35,2% de los hogares con personas mayores tuvo que postergar o resignar consultas médicas, atención odontológica o la compra de medicamentos por motivos económicos.
El indicador era del 25,8% en 2022-2023. En apenas un bienio aumentó 9,4 puntos porcentuales y alcanzó el nivel más alto de la serie iniciada en 2017.
Entre los hogares del estrato socioeconómico muy bajo, las dificultades para acceder a atención sanitaria o medicamentos llegan al 55%.
El informe también muestra la importancia que mantiene el PAMI. Durante 2025, cerca del 74% de las personas mayores afiliadas utilizó la obra social para consultas médicas y alrededor del 70% para comprar medicamentos.
Sin embargo, existe una diferencia en la valoración de ambos servicios. El 61,7% califica positivamente la atención médica, mientras que solamente el 49,7% tiene una evaluación positiva de la cobertura de medicamentos.
Medicamentos: el gasto supera un haber mínimo
Los datos adquieren otra dimensión cuando se comparan con la canasta calculada por la Defensoría de la Tercera Edad.
Según esa estimación, en octubre una persona jubilada necesitó $2.090.646 mensuales para cubrir sus necesidades básicas.
El haber mínimo, incluido el bono de $70.000, se ubicó alrededor de los $505.000. De esta manera, una persona mayor necesitaría más de cuatro ingresos mínimos para alcanzar la canasta calculada por la Defensoría.
El gasto estimado solamente en medicamentos y salud asciende a unos $518.000 mensuales, una cifra que supera por sí sola un haber mínimo con bono.
A esto se suma el comportamiento de los precios. El Índice de Precios de Medicamentos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento interanual promedio del 27,7% entre los 99 productos analizados.
Los aumentos fueron superiores en algunos grupos. Los medicamentos cardiovasculares y para la presión subieron 32,8%, mientras que los psicofármacos aumentaron 36,8%.
Las ventas de medicamentos todavía no recuperaron niveles anteriores
Un estudio elaborado por el consultor especializado en farmacias Eduardo Tchouhadjian, sobre datos de IQVIA, señala que las unidades vendidas durante el primer semestre se mantuvieron en niveles similares a los del mismo período del año anterior.
Los medicamentos bajo receta aumentaron 0,8%, mientras que los productos de venta libre crecieron 2,8%.
Sin embargo, el volumen general continúa por debajo de los registros de 2021-2023 y también de los correspondientes al período 2015-2018.
En el caso específico de los afiliados al PAMI, las ventas se mantuvieron cerca de los niveles de 2025. Pero esa estabilización se produjo después de una caída de entre 20% y 25% durante el segundo semestre de 2024, cuando cambiaron las condiciones de cobertura.
Hábitat y servicios básicos también muestran deterioro
Las dificultades económicas no se limitan al ingreso y la salud.
El 11,8% de las personas mayores vive en viviendas que presentan condiciones inadecuadas. Entre los sectores más pobres, la proporción aumenta al 27,5%.
Además, el 25,2% presenta déficits de acceso a agua, gas o saneamiento.
En el estrato socioeconómico muy bajo, el indicador llega al 49,3%. Es decir, prácticamente una de cada dos personas mayores de ese sector enfrenta alguna carencia vinculada con servicios esenciales de la vivienda.
Más malestar psicológico entre las personas mayores
El deterioro material también coincide con un incremento de los indicadores vinculados al bienestar emocional.
El malestar psicológico pasó del 25,1% en 2022-2023 al 34% en 2024-2025, una suba de 8,9 puntos porcentuales.
El estudio señala un mayor registro de situaciones de ansiedad y depresión entre las personas mayores. También identifica un crecimiento del sentimiento de soledad, que alcanza al 16% de esta población.
Un deterioro que atraviesa distintas dimensiones
Los indicadores reunidos por la UCA muestran que las dificultades de las personas mayores no se concentran en un único aspecto.
La insuficiencia de ingresos convive con mayores obstáculos para comprar alimentos, mantener los servicios públicos y acceder a tratamientos médicos. A esto se suman déficits habitacionales y un incremento del malestar psicológico.
El impacto tampoco se distribuye de manera uniforme. Los datos muestran que el deterioro es considerablemente mayor entre los hogares de menores recursos.
En ese escenario, la diferencia entre los ingresos previsionales y los gastos estimados para cubrir las necesidades básicas constituye uno de los principales problemas. Según la Defensoría de la Tercera Edad, una jubilación mínima está muy lejos de alcanzar la canasta necesaria para sostener las condiciones básicas de vida.
